Veracruz en Red
Xalapa, Veracruz
El procurador General de Justicia del Estado, Reynaldo Gaudencio Escobar Pérez, reconoció que fue un error que el IEV despidiera a los tres trabajadores que instalaron cámaras de videos en los baños de damas, y fueron inhabilitados por 10 años, antes de establecer la sanción administrativa.
Entrevistado en el marco del desayuno de la libertad de expresión encabezado por el gobernador ;avier Duarte de Ochoa, dijo desconocer el delito porque el que serán denunciados los tres ex trabajadores que no podrán laboral por una década en la función pública.
Reiteró que el procedimiento administrativo que aplicó la contraloría interna, que liquido a Noé Pérez Elvira, Oscar López Zarate y Aureliano Álvarez San Juan, luego de ser señalados como responsables de instalar cámaras de video en los baños y video grabar a las mujeres que, incluso, sostenían relaciones sexuales con uno de los señalados, fue contradictorio.
Cuestionado en el sentido de si existe algún delito que perseguir, luego de que se decreto responsabilidad de los ex funcionarios del órgano electoral por violar la intimidad de las mujeres, dijo que habría que esperar a que se formule la denuncia penal correspondiente.
Y es que una vez que el consejo general del Instituto Electoral Veracruzano, determinó votar la inhabilitación de los tres funcionarios, ordenó a la presidenta del órgano electoral, Carolina Viveros García, a que diera vista a la fiscalía del estado para que se procediera en su contra.
“Habría que ver a detalle cómo se dieron los hechos” dijo y reconoció que es necesario que las autoridades electorales presenten la querella.
Cuestionando si no se había errado en la decisión de despedir a los trabajadores que fueron liquidados, antes de establecer la sanción de inhabilitación explico que “se contrapone, porque si se les corre por actos inmorales o contra las buenas costumbres o faltas laborales, la sanción es que no debe tener una indemnización".
El primer fiscal de Veracruz detallo que lo conducente era poder concluir la sanción administrativa para luego poder determinar si eran merecedores de un finiquito al haber violentado los reglamentos internos y haber violentado los derechos de las mujeres que fueron videograbadas.
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