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En la sesión de la Diputación Permanente, se notificó a esta soberanía la resolución de fecha de 29 de noviembre del 2012 dictada en el cuaderno de ejecución de sentencia número 6/2012, relativo al juicio contencioso administrativo número 93/2008/III promovido en contra del ayuntamiento y Contraloría interna de Banderilla y en el que se solicita a la legislatura local la declaración de procedencia en contra del edil.
Al respecto, el presidente de la comisión de Gobernación, el diputado Flavino Ríos Alvarado indicó que “una vez que se ha turnado el expediente a la comisión, se deberán de reunir los diputados de ambas comisiones para analizar el expediente, y si se cumplen con todos los requisitos que marca la ley, cerciorarnos de que sean funcionarios público las personas a las cuales se les pide que se les inicie el juicio de procedencia y se elabora el dictamen previo, para que se turne a la comisión instructora”.
En ese sentido, rechazó tajante que se trate de un linchamiento político-electoral en contra del alcalde, emanado del Partido Movimiento Ciudadano, “ya que la autoridad que notifica es el tribunal de lo contencioso administrativo, así como también se ha dicho que lo del alcalde de Tierra Blanca es un tema electoral y no es cierto, fue el IFE quien nos dio un plazo de 15 días para resolver”.
Nosotros, dijo, como autoridad legislativa “tenemos que resolver conforme a derecho, y es una autoridad la que está solicitando llamar a la autoridad para que se paguen los salarios caídos a ex trabajadores, por lo que seguramente el Tribunal Contencioso Administrativo ya le dio seguimiento al caso y nosotros solo tenemos que acatar las disposiciones legales”.
Hay que recordar que este juicio fue heredado por su antecesor Fidel Cruz González, quien en su trienio despidió a cuatro ex trabajadores de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS), por exigir que se les siguiera respetando sus prestaciones laborales ley, como son seguro social, aguinaldo, bono anual, compensación, estímulo por antigüedad y otras prestaciones.
Además de que otros 15 empleados del organismo operador emprendieron demandas, ya que no les han pagado sus prestaciones de ley y que aún están laborando.
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