Xalapa, Veracruz
El dirigente estatal del PRD, Rogelio Franco Castán, en compañía de alcaldes de su partido, denunció el recorte de presupuesto al Fondo para Infraestructura Social Municipal (FISM) que sufrieron para este año y que les impedirá continuar con el desarrollo de obra pública debido a que en algunos casos la disminución es aproximada a un 65 por ciento.
En conferencia de prensa precisó que en total fueron 12 municipios los afectados y no descartó que esta medida, que agravará la pobreza entre los habitantes, tenga tintes políticos con motivo del proceso electoral.
Posteriormente el dirigente del Sol Azteca y los alcaldes acudieron a palacio de gobierno para dialogar con las autoridades. De manera inicial el personal de vigilancia les negó el acceso, pero ante la presión de los perredistas finalmente los dejaron entrar.
El líder perredista detalló que entre los municipios afectados se encuentran Emiliano Zapata con una reducción de 31 millones a 11 millones de pesos; Ixhuatlancillo, de 16 millones a 10 millones; Tuhuatlán de 82 millones a 43 millones; Huayacocotla de 36 millones a 26 millones de pesos; Coatzintla de 21 millones a 7 millones y Pueblo Viejo de 33 a 16 millones.
Dijo que los descuentos desproporcionados se realizaron “con tintes políticos o con mala intención” y que complicarán más la pobreza en los municipios, pues detalló que el FISM es uno de los programas estratégicos que ayudan a combatir el hambre y la necesidad de las familias.
En este sentido, el alcalde de San Rafael Héctor Lagunes Reyes, precisó que a su municipio le fue recortado un 50 por ciento del FISM para este año, lo que será un impedimento para poder continuar con la obra pública.
Precisó que de los 19 millones de pesos que solía recibir ahora se le han destinado 10 millones de pesos del FISM, además de que no se le ha depositado ni un peso de bursatilización.
Por su parte, el alcalde de Papantla Marcos Romero Sánchez, dijo que a su municipio se le redujeron aproximadamente 42 millones de pesos de recursos federales y que esta situación no sólo afectará al desarrollo de la obra pública, sino también al pago de salarios y de proveedores del ayuntamiento en agravio de las 158 comunidades con las que se cuenta.
Finalmente, los perredistas dijeron confiar en las autoridades para resolver este problema al advertir que con esta situación los únicos afectados los habitantes de sus municipios.
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