Xalapa, Veracruz
Pensionados y jubilados entregaron una propuesta de reforma para la Ley del IPE a la Secretaría de Gobierno en la que piden que se devuelva el carácter público al Instituto de Pensiones del Estado y que el Gobierno de Veracruz y los patrones se mantengan como aportadores de los recursos.
En conferencia de prensa también exigieron al estado el pago inmediato de que se adeuda con el Seguro Social de los Trabajadores del Estado y el seguro de defunción.
De acuerdo con Adriana Chávez Tejeda, vocera del grupo de jubilados, la iniciativa pretende salvaguardar los derechos de los trabajadores jubilados y los activos, además de que plantea el nombramiento de líderes sindicales que tengan un cargo por tres años y que sean ratificados por el Congreso del Estado, sin poder reelegirse, pues precisó que actualmente existen líderes con más 30 años en su puesto.
Recalcó que la Ley Número 287 de Pensiones del Estado, aprobada por el Congreso Local y publicada en el Gaceta Oficial del Estado, el 21 de julio de 2014, lesiona los derechos de los trabajadores y que por ello debe reformarse integral mente.
Señaló que las autoridades han dado a entender que los jubilados son una carga que le cuesta mucho al gobierno, cuando en realidad –agregó- hubo quienes le metieron mano a los recursos del IPE al grado de llevarlo a la quiebra.
Precisó que los pensionados trabajaron y cotizaron durante 30 y 45 años, por lo que no deberían ser ninguna carga, pues deberían vivir de sus ahorros ante el Instituto de Pensiones del Estado.
Aseguró que no será suficiente la modificación de la reforma y que por ello se buscó el respaldo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para contar con un recurso de inconstitucionalidad debidamente fundamentado.
Por su parte, Eduardo Pérez Saucedo, abogado de los pensionados, agregó que la iniciativa también propone fiscalizar el dinero del IPE para evitar saqueos.
Recordó que comúnmente el dinero que se sustrae del IPE difícilmente puede recuperarse y que por ello es necesario realizar auditorías externas.
Por último, precisó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación actuó con mayor claridad y que por ello se invalidaron cuatro artículos de la nueva ley, lo que representa un avance en la lucha emprendida por jubilados y pensionados.
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