martes, 27 de mayo de 2008

Crisis alimentaria afectaría en México a 18 millones de personas: María Esther Terán

Gladis Torres Ruiz
México DF (CIMAC)

La crisis alimentaria que se está viviendo en el mundo podría afectar a por lo menos a 18 millones de mexicanas y mexicanos en forma directa, por lo que María Esther Terán, presidenta de la Confederación Nacional de Productores Rurales (CNPR), señala es urgente la aplicación de políticas públicas para incrementar la producción de granos básicos a fin de recuperar la soberanía alimentaria del país.
María Esther Terán señaló lo anterior dos días antes de que Felipe Calderón presentará el Programa de Acciones de Apoyo a la Economía Familiar, una estrategia para "garantizar el abastecimiento de alimentos, promover la producción agrícola y respaldar los ingresos de las familias más pobres en el país".
Según un reporte de Prensa Latina, Esther Terán indicó que con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), "México creyó que podría formar parte de un mercado de alimentos regional junto con Estados Unidos y Canadá, lo que convirtió en incongruentes temas como la autosuficiencia y la soberanía alimentaria".
Enfatizó que tras el desmantelamiento de apoyos al campo, México es hoy un importador neto de granos básicos por lo que está colocado en una situación de alta vulnerabilidad.
El Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable (CEDRS) señala que en 20 años México pasó de la autosuficiencia a la dependencia alimentaria, lo cual lo coloca en una situación endeble frente a los productores internacionales, en particular con los Estados Unidos, principal socio comercial.
Con el reciente desabasto de maíz blanco, principal grano que se produce en México, explica Terán, que obligó al Gobierno Federal a aumentar las cuotas de importaciones libres de arancel e incrementar en 45 por ciento el precio de la tortilla, la pérdida de la soberanía alimentaria se hizo evidente.
MUJERES AFECTADAS
Ante esta crisis, la población más afectada es la femenina, ya que en los últimos 15 años el número de hogares con jefatura femenina en México se duplicó: de 2.8 millones en 1990 pasó a 5.7 millones en el 2005, lo que representa el 23.1 por ciento del total de hogares en el país, señala el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI).
Además, porque la mitad de la población mexicana son mujeres. Este fin de semana, Felipe Calderón anunció un plan de emergencia de apoyo a las familias del país para hacer frente a la crisis alimentaria, mediante el Programa de Acciones de Apoyo a la Economía Familiar, una estrategia para "garantizar el abastecimiento suficiente de los productos alimenticios, para promover la producción agrícola y medidas para respaldar los ingresos de las familias más pobres en el país".
Entre las primeras estrategias anunció la "eliminación de aranceles para la importación de cualquier parte del mundo al mejor precio de productos como el maíz, arroz, trigo, así como una cuota libre para el frijol".
Organizaciones campesinas, sindicales, indígenas, feministas y ciudadanas comprometidas con los derechos de las mujeres, en reiteradas ocasiones, han apuntado que ante la crisis que vive el campo mexicano es necesaria la renegociación del Capítulo agropecuario del TLCAN, firmado en 1994.
Han denunciado, además, que las condiciones de vida de las mujeres rurales se agravarán, ya que solas asumen el sostén de sus familias y comunidades, sin oportunidades de empleo y sin acceso a la tierra. Señalan que año con año, casi 7 mil mujeres procedentes de comunidades nahuas, tlapanecas y mixtecas de La Montaña de Guerrero, entre ellas embarazadas y niñas, inician su éxodo hacia los campos agrícolas de Sinaloa, Sonora, Jalisco y Baja California, dadas las dramáticas condiciones de vida en sus pueblos, por los altos grados de marginación y pobreza extrema, agravados por el TLCAN (Cimacnoticias 15 febrero 2008).
En los últimos seis años abandonaron el campo 2.6 millones de campesinas y campesinos, puntualizan informes del Banco Mundial BM. Detallan que por la falta de recursos para adquirir semillas y fertilizantes, cada año 3 millones de personas de las zonas marginadas de Puebla, Veracruz, Oaxaca y Guerrero, emigran al noroeste del país para contratarse como jornaleras en los campos vinculados a la agricultura de exportación, propiedad de consorcios y terratenientes.
Ante ello, integrantes de organizaciones como la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (CNMI); Comisión de Equidad y Género de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT); Movimiento Democrático Nuevo Sindicalismo-SNTE; Red Nacional Alianza por la Democracia (RNAD); Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddser), entre otras, han señalado de manera recurrente que es necesaria la renegociación del capítulo agropecuario del TLCAN para garantizar las condiciones necesarias para cultivar y comerciar sus productos y con ello garantizar nuestra soberanía alimentaria y el mejoramiento de la calidad de vida de las familias.