Xalapa, Veracruz
Foto: Ángel García |
Trabajadores de la empresa Tenaris-Tamsa se plantaron nuevamente en la plazoleta Sebastián Lerdo de Tejada de esta capital para exigir a las autoridades desechar cinco órdenes de aprehensión en contra de trabajadores que, según el dirigente del Movimiento Libertad por la Democracia de Tenaris-Tamsa, José Carlos Guevara Moreno, “fueron acusados de robo por oponerse a las ideologías de Pascual Lagunes Ochoa, quien se ha empeñado en autoproclamarse como líder sindical de los obreros”.
Respaldado por su gente y por integrantes de Antorcha Campesina, precisó que desde 2012 se persigue con base en una orden judicial a Manuel García García, Apolinar García García, Miguel Trujillo Tecalco, José Carlos Guevara Moreno y Bartolo Guevara Malpica bajo los cargos de supuesto robo y despojo de unas antiguas instalaciones de Tamsa que desde hace varias décadas se encuentra abandonada.
Manifestó que los cinco acusados se encuentran dentro de la misma causa penal que otros 54 compañeros que en su momento se les retiró sus respectivas órdenes de aprehensión por considerar que no había señalamientos debidamente fundamentos.
Sin embargo, agregó que a los cinco acusados aún se les señala de haber sustraído un equipo de cómputo e inmobiliario, sin que realmente se cuente con pruebas que los involucren.
Citó que la denuncia y la orden judicial obedecen a intereses personales con el afán de dividir la base, pues sostuvo que el movimiento en contra de Pascual Lagunes se mantiene firme.
Luego de nombrarse como el auténtico líder sindical de los trabajadores de Tenaris-Tamsa, aseguró que el conflicto por la lucha de poderes dentro del sindicalismo de la empresa está próximo a culminar, pues destacó que su organización, al haber obtenido a su favor la respectiva toma de nota, destaca como la única que debe ser tomada en cuenta para cualquier negociación.
Agregó que es importante que las autoridades olviden la orden de aprehensión que se ha girado en contra de sus compañeros al sostener que el Ministerio Público que apoyó con las diligencias actuó, según él, con prevención para que el juez que conoce del caso ordenara los citados mandamientos judiciales.
Los obreros fueron atendidos por el personal de la Dirección General de Política Regional del Estado, quien les garantizó la tramitología necesaria en busca de la satisfacción de sus demandas.
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