Xalapa, Ver.
El procurador general de Justicia, Luis Ángel Bravo Contreras, dijo que no hay tintes políticos en el caso de la funcionaria municipal de Boca del Río, María Josefina Gamboa Torales, acusada de atropellar y dar muerte al tatuador José Luis Burela, al confirmar que manejaba con temeridad y alcoholizada. La pena que podrían aplicarle los tribunales es de 6 a 15 años de prisión.
Además, advirtió que los elementos de Tránsito Estatal que fijaron en el peritaje oficial que la acusada se encontraba sobria serán investigados para deslindar responsabilidades conforme a derecho.
La acusada pudo haber recibido el beneficio de la libertad bajo fianza por tratarse de un homicidio culposo, sin embargo, por manejar en las condiciones antes citadas las agravantes se complicaron en su contra.
También confirmó el hallazgo del cuerpo del suplente de la alcaldía de Pánuco y presidente de la Asociación Local de Cañeros de este municipio, Teódulo Gea Domínguez, quien se encontraba como desaparecido desde el pasado jueves.
Señaló que los elementos de la Delegación de Seguridad Pública con sede en Pánuco recibieron un reporte de un automóvil abandonado en la zona de El Camalote, de aquel municipio. Al acudir a investigar descubrieron el cadáver de Teódulo Gea Domínguez.
En conferencia de prensa en la sala de Banderas de Palacio de Gobierno, aseguró que la justicia en Veracruz no se procura con tintes políticos y al dar detalles de las investigaciones relacionadas con el caso de María Josefina Gamboa Torales advirtió que el hecho de que la acusada sea funcionaria pública y comunicadora no es motivo para alterar las diligencias.
La indiciada, que durante el domingo fue turnada al Juzgado Quinto de Primera Instancia con sede en el distrito judicial de Veracruz, permaneció a disposición del Ministerio Público durante cinco horas y durante ese tiempo se negó a someterse a los exámenes de toxicología con los peritos de la Procuraduría General de Justicia (PGJ).
Sin embargo, según el fiscal del estado, al ser examinada clínicamente se detectó que llevaba aliento alcohólico y que algunos de sus síntomas determinaban su estado de ebriedad en grado uno, por lo que finalmente se le negó la libertad provisional bajo caución, sin olvidar que manejaba con temeridad.
Por último, recalcó que la investigación ministerial de este caso quedó abierta para el análisis del proceder de funcionarios públicos municipales que con su omisión o actuación pudieran haber incurrido en hechos constitutivos de delito en perjuicio de la procuración y administración de la justicia.
