LIVIA DÍAZ / Poza Rica, Ver. ( CIMAC) - En el caso de los campesinos "Los Dorados de Villa" detenidos este 14 de junio en Lomas del Dorado, Ixhuatlán, la defensora de Derechos Humanos AC, Ana María Vera Cid, reconoció que fueron detenidos en flagrancia del delito de despojo y daños.
Sin embargo en el proceso, las irregularidades judiciales no han permitido darles una defensa legal apropiada, lo cual lamentó.
"Pasaron las 48 horas elementales, o determina que hay delito y los consigna a juez, o determina que no hay delito y los deja libres. Entonces, bueno, si los detuvieron el 14, el 16 es cuando los pasan al juzgado."
Entonces para el día 18 cuando ella llega a Villa Aldama, después de buscarlos en Benito Juárez, Jalacingo, Chicontepec y Tuxpan, hay delito, y se hace un exhorto a Jalacingo, pero no lo tenían, lo buscan en Chicontepec y tampoco, y tuvo que regresar a Villa Aldama adonde se encontraba, y ya con pocas horas para resolverlo.
Y en materia legal sin poder avanzar porque el expediente se encuentra en Jalacingo pero están detenidos en Villa Aldama, advirtió que las propias autoridades entrevistadas "están aterradas."
"El juez de primera instancia, que es de mayor jerarquía, se lo manda a la otra, quien tiene que obedecer, quien está recibiendo y que la envían así a... Ni conoce, ni me enseña nada, porque está asustadísima, porque sabe que es un problema más que jurídico, político…"
Por lo que teme que "esto se politizó. Explicó que "en todo el país es común que a los luchadores sociales les inventen delitos, y que se cumplen solo ciertos formalismos legales", y es que estima que "el estado de derecho no es respetado por el aparato judicial."
Sólo por su testimonio se ha podido conocer cómo están ellos y lo ocurrido, y que ellos acepten a la defensa.
Los detenidos son diez personas: Domingo Francisco Verónica, Enrique Flores Catarina, Severo Antonio Hernández, Pedro Gutiérrez Hernández, Basilio Villa Antonio, Audecio Santiago Hernández, Luís Francisco Martínez, Daniel de la Cruz Antonia, Antonio Santiago Hernández y Alicio Martínez Cruz.
Todos campesinos, indígenas nahuas y de acuerdo al peritaje dañaron a machetazos un chaleco antibalas que cuesta 4 mil 200 pesos, "entonces hay daños por 4 mil 200 pesos; también reconocen que invadieron un terreno que por posición" pertenece a la familia Faisal Nader y han dicho "abrimos la puerta y nos metimos."
Pero ello no justifica la forma en que han sido tratados", destacó.
Finalmente, los detenidos fueron liberados.
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