* La resolución sentará precedente judicial
Patricia Briceño
Oaxaca, Oaxaca (CIMAC)
Luego de conocer la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de aceptar la revisión del caso de violación cometida contra su hijo de cuatro años de edad, ocurrido en el centro preescolar privado Instituto San Felipe, ubicado en la capital del estado, Leticia Valdés Martell expresó su beneplácito por esa determinación.
"Es una demostración de sensibilidad de parte de los magistrados de la Primera Sala de la Corte", expresó la madre de la víctima. El caso llegó hasta las instancias de justicia cuando la señora Valdés Martell acusó penalmente, el 23 de mayo de 2007, a Adán Salvador Pérez Ramírez, profesor de computación y a Hugo Gabriel Constantino García, propietario, junto con Yolanda León, del Instituto San Felipe, de violar a su hijo de cuatro años.
Denunció también a Magdalena García Soto, maestra del menor de edad y tía de Pérez Ramírez, como informó en su momento Cimacnoticias. La denunciante identificó a García Soto, hoy presa bajo proceso, de entregar al niño a sus agresores, quienes hasta hoy permanecen libres, gracias a sus presuntos vínculos con funcionarios del estado.
El 18 de enero de este año, el abogado de la señora Valdez Martell presentó una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República, por conducto de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Violentos contra las Mujeres (radicada en el expediente PGR/FEVIM/-C/004/01-08), en donde se expusieron estos hechos que podrían ser constitutivos de delitos en contra de Magdalena García.
Y posteriormente Valdés Martell, quien ha denunciado de manera reiterada que los agresores de su hijo reciben protección de las autoridades locales, solicitó a la Suprema Corte atrajera el caso y espera que en este año se resuelva su demanda de justicia que reclama desde el año de 2006.
"El pasado mes de febrero se solicitó a las y los ministros la revisión de los amparos promovidos por tres personas, identificados como responsables, porque no existe confianza en el Tribunal Superior de Justicia del estado y algunos magistrados del Poder Judicial de la Federación, refirió José Bonilla Sada, asesor jurídico de Valdéz Martell. Son magistrados que actúan "bajo consigna del gobierno estatal", acusó.
Entrevistado por separado, el defensor asegura que los amparos promovidos por los tres involucrados --los dos hombres prófugos y la mujer, actualmente procesada-- serían revisados en el Segundo Tribunal Colegiado de la entidad --a cargo de Roberto Gómez Argüello- lo que originó la desconfianza de su defendida. La SCJN demostró sensibilidad al atraer el primer caso de pederastia, no obstante, "vamos a esperar la justicia y, no se les libere de responsabilidades", opinó.
De manera unánime, los ministros de la Primera Sala del máximo Tribunal acordaron atraer este asunto, por considerar que es de relevancia y trascendencia nacional, pues les permitirá establecer criterios en torno a los derechos de las víctimas que deben cuidar las autoridades y que no sólo están contemplados en la Constitución sino también en tratados internacionales firmados por México.
Patricia Briceño
Oaxaca, Oaxaca (CIMAC)
Luego de conocer la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de aceptar la revisión del caso de violación cometida contra su hijo de cuatro años de edad, ocurrido en el centro preescolar privado Instituto San Felipe, ubicado en la capital del estado, Leticia Valdés Martell expresó su beneplácito por esa determinación.
"Es una demostración de sensibilidad de parte de los magistrados de la Primera Sala de la Corte", expresó la madre de la víctima. El caso llegó hasta las instancias de justicia cuando la señora Valdés Martell acusó penalmente, el 23 de mayo de 2007, a Adán Salvador Pérez Ramírez, profesor de computación y a Hugo Gabriel Constantino García, propietario, junto con Yolanda León, del Instituto San Felipe, de violar a su hijo de cuatro años.
Denunció también a Magdalena García Soto, maestra del menor de edad y tía de Pérez Ramírez, como informó en su momento Cimacnoticias. La denunciante identificó a García Soto, hoy presa bajo proceso, de entregar al niño a sus agresores, quienes hasta hoy permanecen libres, gracias a sus presuntos vínculos con funcionarios del estado.
El 18 de enero de este año, el abogado de la señora Valdez Martell presentó una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República, por conducto de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Violentos contra las Mujeres (radicada en el expediente PGR/FEVIM/-C/004/01-08), en donde se expusieron estos hechos que podrían ser constitutivos de delitos en contra de Magdalena García.
Y posteriormente Valdés Martell, quien ha denunciado de manera reiterada que los agresores de su hijo reciben protección de las autoridades locales, solicitó a la Suprema Corte atrajera el caso y espera que en este año se resuelva su demanda de justicia que reclama desde el año de 2006.
"El pasado mes de febrero se solicitó a las y los ministros la revisión de los amparos promovidos por tres personas, identificados como responsables, porque no existe confianza en el Tribunal Superior de Justicia del estado y algunos magistrados del Poder Judicial de la Federación, refirió José Bonilla Sada, asesor jurídico de Valdéz Martell. Son magistrados que actúan "bajo consigna del gobierno estatal", acusó.
Entrevistado por separado, el defensor asegura que los amparos promovidos por los tres involucrados --los dos hombres prófugos y la mujer, actualmente procesada-- serían revisados en el Segundo Tribunal Colegiado de la entidad --a cargo de Roberto Gómez Argüello- lo que originó la desconfianza de su defendida. La SCJN demostró sensibilidad al atraer el primer caso de pederastia, no obstante, "vamos a esperar la justicia y, no se les libere de responsabilidades", opinó.
De manera unánime, los ministros de la Primera Sala del máximo Tribunal acordaron atraer este asunto, por considerar que es de relevancia y trascendencia nacional, pues les permitirá establecer criterios en torno a los derechos de las víctimas que deben cuidar las autoridades y que no sólo están contemplados en la Constitución sino también en tratados internacionales firmados por México.
