* VI Informe de Comisión Civil Internacional
Lourdes Godínez Leal
México, DF., (CIMAC)
Impunidad y falta de voluntad del gobierno federal para sancionar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos en los hechos de Atenco, Oaxaca y Chiapas continúan siendo la constante en México, pese a las recomendaciones que en varias ocasiones ha emitido la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH), instancia que hoy en conferencia de prensa definió la situación de los derechos humanos en nuestro de país como "extremadamente crítica".
El sexto informe de la CCIODH, producto de su sexta visita a México en febrero de este año, fue presentado este mediodía a los medios de comunicación y en él se señala que los desplazamientos, las desapariciones forzadas y la tortura es una práctica del gobierno actual, situación que compara con la "guerra sucia" de la década de los setenta.
Entrevistado al término de la presentación, Juan Ignacio García, integrante de la Comisión, instancia que surgió en 1997 a raíz de los acontecimientos de Acteal, en Chiapas, reconoció que pese a "avances" como la excarcelación de las y los presos de Atenco, de Oaxaca y de Chiapas, estas medidas no han sido suficientes.
Para el activista, el hecho de que no haya procesados (responsables) en los casos de las 26 violaciones sexuales cometidas contra las mujeres de San Salvador Atenco y Texcoco, en 2006, por policías de los tres órdenes de gobierno y en los asesinatos de activistas de Oaxaca, reflejan la falta de voluntad del gobierno mexicano para con los derechos humanos.
"No hay voluntad por parte del gobierno y de las administraciones de castigar las posibles responsabilidades de funcionarios públicos", tanto en Oaxaca y Chiapas como en el Estado de México, aseveró. Además, Juan Ignacio García, defensor de derechos humanos de España, enfatizó que hay "un cuestionamiento" internacional muy fuerte hacia México en casos como los asesinatos de periodistas, el respeto a los derechos humanos y el feminicidio.
"Sí, entendemos que está presente en la opinión pública y que sería bueno que el gobierno mexicano diera una muestra de voluntad más firme en este sentido y atender estos casos", enfatizó. Luego de reconocer la "falta de capacidad" de la justicia mexicana, cuestionó su "independencia" y dejó en claro que tiene que ser ésta la que dé respuesta a quienes exigen justicia. De no hacerlo, dijo, como ha ocurrido ya con las mujeres de San Salvador Atenco, serán las instancias internacionales las que asuman su responsabilidad.
Al preguntarle acerca del alcance de los informes de la CCIODH, Juan Ignacio García admitió que si bien ha habido un reconocimiento del gobierno federal hacia esta comisión civil, no fue así para las conclusiones y recomendaciones presentadas en los anteriores informes, los cuales no han sido considerados a "profundidad" por el gobierno federal, enfatizó.
El sexto informe de la CCIODH, presentado hoy a los medios de comunicación, será entregado a instancias federales como la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), así como a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y los gobiernos estatales de Chiapas y Estado de México.
Lourdes Godínez Leal
México, DF., (CIMAC)
Impunidad y falta de voluntad del gobierno federal para sancionar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos en los hechos de Atenco, Oaxaca y Chiapas continúan siendo la constante en México, pese a las recomendaciones que en varias ocasiones ha emitido la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH), instancia que hoy en conferencia de prensa definió la situación de los derechos humanos en nuestro de país como "extremadamente crítica".
El sexto informe de la CCIODH, producto de su sexta visita a México en febrero de este año, fue presentado este mediodía a los medios de comunicación y en él se señala que los desplazamientos, las desapariciones forzadas y la tortura es una práctica del gobierno actual, situación que compara con la "guerra sucia" de la década de los setenta.
Entrevistado al término de la presentación, Juan Ignacio García, integrante de la Comisión, instancia que surgió en 1997 a raíz de los acontecimientos de Acteal, en Chiapas, reconoció que pese a "avances" como la excarcelación de las y los presos de Atenco, de Oaxaca y de Chiapas, estas medidas no han sido suficientes.
Para el activista, el hecho de que no haya procesados (responsables) en los casos de las 26 violaciones sexuales cometidas contra las mujeres de San Salvador Atenco y Texcoco, en 2006, por policías de los tres órdenes de gobierno y en los asesinatos de activistas de Oaxaca, reflejan la falta de voluntad del gobierno mexicano para con los derechos humanos.
"No hay voluntad por parte del gobierno y de las administraciones de castigar las posibles responsabilidades de funcionarios públicos", tanto en Oaxaca y Chiapas como en el Estado de México, aseveró. Además, Juan Ignacio García, defensor de derechos humanos de España, enfatizó que hay "un cuestionamiento" internacional muy fuerte hacia México en casos como los asesinatos de periodistas, el respeto a los derechos humanos y el feminicidio.
"Sí, entendemos que está presente en la opinión pública y que sería bueno que el gobierno mexicano diera una muestra de voluntad más firme en este sentido y atender estos casos", enfatizó. Luego de reconocer la "falta de capacidad" de la justicia mexicana, cuestionó su "independencia" y dejó en claro que tiene que ser ésta la que dé respuesta a quienes exigen justicia. De no hacerlo, dijo, como ha ocurrido ya con las mujeres de San Salvador Atenco, serán las instancias internacionales las que asuman su responsabilidad.
Al preguntarle acerca del alcance de los informes de la CCIODH, Juan Ignacio García admitió que si bien ha habido un reconocimiento del gobierno federal hacia esta comisión civil, no fue así para las conclusiones y recomendaciones presentadas en los anteriores informes, los cuales no han sido considerados a "profundidad" por el gobierno federal, enfatizó.
El sexto informe de la CCIODH, presentado hoy a los medios de comunicación, será entregado a instancias federales como la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), así como a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y los gobiernos estatales de Chiapas y Estado de México.
