Agencia CIMAC
México, DF
La Convención sobre los Derechos del Niño contempla la obligación de México de posibilitar el acceso a la información acerca de la sexualidad y, en caso de que sucediera un embarazo no deseado, poder acceder a su interrupción en caso de que sea legal, pero esta situación ocurre sólo en contadas ocasiones.
Gabriela Rodríguez, directora de la ONG Afluentes, exclama: “en teoría, pueden acceder a una maternidad voluntaria, pero en la práctica no, porque se les considera menos que personas, sin dignidad ni capacidad de decidir”.
Además, las instituciones violentan este derecho. Por ejemplo, el requerimiento de que su madre, padre o tutor estén presentes para tener una consulta o acceder a una interrupción del embarazo, cuando muchas veces estas personas cometen el abuso que tiene como resultado un embarazo no deseado. Otra limitante puede ser no cumplir con el interés superior de estas adolescentes, cuando su voluntad es distinta a la de sus familias.
Algunos grupos coartan esta libertad “por razones políticas, sobre todo en los estados. Muchos políticos conservadores lo hacen con fines electoreros” dice la directora de Afluentes.
“Es un escándalo lo que están haciendo con las legislaciones en estados como Veracruz y Guanajuato”. Rodríguez refiere que las leyes no tienen muy mala calidad, sino que lo que falla es su implementación. Pero más allá pide no perder de vista que “tienen menor estatura frente a los marcos jurídicos internacionales como la Convención y a instituciones nacionales”.
En su opinión, la manera de solucionar esta violación de los derechos de la infancia es trabajar en la sensibilización de funcionarios desde los niveles más altos hasta con quienes tienen contacto con la población como las y los docentes y las y los profesionales de la salud para que entiendan que “los derechos sexuales deben de vivirse desde la niñez, para que no sean víctimas de abusos y puedan tener libertad de elección”.
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