Xalapa, Veracruz
El presidente de la Asociación Mexicana de Derecho Médico y de la Academia Nacional de Derecho Sanitario de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, José Roberto Manzano García, dijo que no habrá una privatización de las instituciones de salud a nivel nacional, sino un desmantelamiento del IMSS y del Issste con el que las autoridades federales pretenden ahorrarse el servicio de atención médica de primer nivel.
Advirtió que al crearse el Sistema Universal de Salud, alrededor de 120 millones de mexicanos podrán asistir a consultas en las diversas farmacias de similares que existen y que están por crearse y que con ello el Gobierno también evitará denuncias en su contra por mal servicio, por negligencia médica o por el desabasto de medicamentos, además de que todos los gastos correrán por cuenta de la ciudadanía.
En conferencia de prensa, previo al desarrollo del primer foro "Seguridad Social... ¿Universal?”, realizado en un hotel de la avenida 20 de Noviembre por los trabajadores activos y jubilados del Seguro Social de la Zona de Xalapa, sostuvo que el panorama que le espera a la sociedad es desalentador, pues con estas acciones se dañarán a 250 mil médicos, a 400 mil enfermeras y a un total de 120 millones de mexicanos.
Detalló que el artículo cuarto constitucional, que aseguró pretende ser modificado por las autoridades, dice que se debe garantizar la alimentación la vivienda y la cuestión del bienestar psicológico y mental y que al destruirlo se dará paso a lo que se llama garantía explícita porque “sólo se tendrá derecho a la atención de golpecitos y raspones leves”.
Insistió en que al continuar con el desmantelamiento del sistema de salud, que aseguró inició hace dos años, se mantendrá firme el camino a una degradación de la atención médica.
Dijo que lo que busca el gobierno es ahorrar denuncias por atenciones que sean caras o por un mal servicio, por lo que pretende que todo el personal médico se encuentre en una farmacia con consultorio para dar servicio a los usuarios o pacientes que lleguen con una credencial del Sistema Nacional de Salud Universal.
Además, señaló que todos esos médicos estarán obligados a firmar un papel donde por ninguna causa pueden quejarse en contra del gobierno, sin omitir que ya se habla de una tarifa estandarizada de 39 pesos por consulta en todos los consultorios de similares.
Por último, señaló que otra de las estrategias, agregó, consiste en evitar que los médicos recién egresados logren un empleo en alguna institución de salud, al grado de mantenerlos en los consultorios privados.
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