Xalapa, Ver.
Por segundo día consecutivo, concesionarios de centros de verificación vehicular continuaron con su protesta en contra de la reforma a la ley de protección al ambiente recientemente aprobada por el Congreso Local al advertir que con esta medida más de 800 familias que viven de esta actividad quedarían en el desamparo.
Los quejosos bloquearon de forma intermitente la calle Enríquez durante casi todo el día para pedir marcha atrás a la reforma, pues dijeron que con la nueva ley se licitarían nuevamente las concesiones y con ello se dejaría sin trabajo a quienes actualmente las ejercen en los aproximadamente 220 centros que hay en la entidad.
Explicaron que los centros de verificación actualmente cuentan con el equipo necesario para cumplir con la Norma Oficial Mexicana, sin embargo, aseguraron que la reforma rebasa lo establecido por la norma y que por ello requerirán una inversión de al menos 11 millones de pesos para conservar la concesión.
De acuerdo con el presidente de la Asociación de Centros de Verificación, Pablo López García, la reforma recién aprobada sólo beneficiará a unos cuantos, pues todo el dinero que se obtenga de las verificaciones pasará directamente a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), incluidas las multas que pasarían de 500 pesos a más de 3 mil pesos.
Reconoció que las autoridades estatales tienen la obligación de dar el servicio de verificación, sin embargo, dijo que esta actividad ha sido ejercida por particulares a través de concesiones que ahora podrían serles retiradas con base en la reforma para dar paso a empresas que quieran otorgarlo.
Los verificadores que operan en la actualidad tienen más de 20 años con esta labor, por lo que dijo que la ley recién aprobada es injusta debido a que no tomó en cuenta que han dedicado gran parte de sus vidas al cuidado y preservación del medio ambiente.
Durante el cierre intermitente de la calle Enríquez los manifestantes pidieron el apoyo de los automovilistas, quienes accionaron los claxon de sus automóviles para demostrar su respaldo.
Por la tarde, los verificadores fueron escuchados por las autoridades, con quienes acordaron una próxima reunión con los diputados locales de la Comisión de Medio Ambiente para tratar el caso en busca de posibles soluciones.
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